“El 28 por ciento de los niños y niñas en España crecen en la pobreza”

 La violencia hacia niñas y niños  en el Triángulo Norte  de Centro América, será abordada en la mesa de trabajo que tratará el Estado de los Derechos de la Infancia en Iberoamérica, en la que participará Sandrine Lerenard, de la organización Save The Children. Abordamos este y otros asuntos con su compañera Michela Ranieri, de Política Exterior y Acción Humanitaria de Save The Children.

-En España, uno de cada tres niños está en riesgo de pobreza o exclusión social. Los programas que llevan a cabo en Save the Children trabajan en este sentido…pero, ¿cómo se conciencia a la Administración y de qué manera trabaja para reducir las cifras?

Nuestro trabajo en incidencia política pasa por convencer a nuestros representantes políticos y a las distintas administraciones de la importancia y la urgencia de reducir la pobreza infantil en España; un 28% de nuestros niños y niñas, más de 2.2 millones, crecen en la pobreza. Esto, además de injusto, es intolerable para una sociedad que tiene los recursos suficientes para evitar que esto suceda. Esta realidad afecta de muchas maneras al desarrollo y al bienestar de la infancia, y además comprometen sus oportunidades a futuro. Las consecuencias de crecer en la pobreza se hacen sentir también en la vida adulta, con mayores dificultades para acceder al mercado laboral, mayores problemas de salud, etc.

La pobreza es, principalmente, consecuencia de la mala forma en la que una sociedad distribuye la riqueza entre los ciudadanos, por lo cual sus soluciones pasan por mejorar la forma en la que distribuimos nuestros recursos. España invierte poco en sus niños y niñas, y el impacto de esa escasa inversión, como era de esperar, es muy débil. Somos el segundo país de Europa que menos consigue reducir la pobreza infantil con transferencias sociales. Nuestra organización defiende mejorar la inversión en la infancia, en especial, aumentar las prestaciones por hijo a cargo, que pase de los actuales 291 euros anuales, 24.5 euros mensuales, a 1200 anuales, 100 euros mensuales. Esta política ha probado ser la más efectiva a nivel europeo en términos de coste beneficio. Pero por supuesto no es suficiente. Se necesita, además, mejorar las políticas del mercado laboral, la de vivienda, las políticas educativas, para mejorar el bienestar de la infancia en España.

-¿En qué consiste el programa “Escuelas Seguras” del que forma parte?

Durante la última década, grupos armados, ejércitos oficiales, fuerzas multinacionales e incluso fuerzas de paz han utilizado las escuelas y las universidades para fines militares como bases, cuarteles, centros logísticos, puestos de tiro, arsenales y centros de detención en al menos veintiséis países en conflicto.

Durante un conflicto armado, el uso militar de las escuelas y universidades puede comprometer su estatus de bienes de carácter civil, transformando estos lugares de aprendizaje en objetivos militares legítimos, y exponiendo a estudiantes y docentes al riesgo de acciones de represalia. Esto pone en peligro la integridad física, el bienestar emocional y el derecho a la educación de los estudiantes.

En los peores casos, estudiantes han sido asesinados o han resultado heridos en ataques a establecimientos educativos debido a que habían sido usados por fuerzas militares. En otros casos, los estudiantes han sido agredidos sexualmente, hostigados y reclutados ilegalmente por parte de los soldados que ocupaban sus escuelas o universidades.

En épocas de conflicto armado, el acceso a establecimientos educativos seguros puede ofrecer a los estudiantes un importante resguardo y sensación de estabilidad. La seguridad en las escuelas y universidades puede transmitir a los alumnos información vital y mitigar las secuelas psicosociales de la guerra, y proteger a niños de la posibilidad de trata y reclutamiento por grupos armados. A largo plazo, una educación equitativa y de calidad fomenta la paz y la reconstrucción después de un conflicto, y ayuda a que los jóvenes adquieran las aptitudes y la formación necesarias para progresar en el plano personal y contribuir a la prosperidad de su comunidad.

En este contexto, las Directrices para Prevenir el Uso Militar de Escuelas y Universidades durante Conflictos Armados  se han desarrollado bajo el liderazgo de la GCPEA (Global Coalition to Protect Education from Attack), de la que Save the Children forma parte. Son el resultado de varios años de consultas con gobiernos, fuerzas armadas, sociedad civil y organizaciones internacionales, sobre la base de evidencias de buenas prácticas que ya son aplicadas por algunas partes en conflictos armados.

Las Directrices tienen el objetivo de reducir el uso de escuelas y universidades por parte de las partes en conflicto y de minimizar el impacto negativo que los conflictos armados tienen sobre la seguridad y la educación de los estudiantes. Su propósito es el de fomentar un cambio de conducta que redunde en una mayor protección para los niños, los jóvenes y la educación en situaciones de conflicto armado.

España estuvo muy activa en el proceso de redacción de la Declaración sobre Escuelas Seguras , el instrumento a través del cual los Estados se comprometen a proteger las escuelas en conflicto y a adoptar las Directrices, y fue uno de los primero Estados en adherirse a ella, en la Conferencia de Oslo de junio de 2015. En la primavera de 2019 se celebrará además en España la III Conferencia Internacional sobre Escuelas Seguras, que ofrecerá un espacio para que los países puedan compartir los avances realizados en protección de las escuelas en conflicto.

– Las caravanas y movimientos migratorios actuales hacen que los niños sean la parte más vulnerable. ¿En qué situaciones se están viendo involucrados los niños y niñas que vulneren su derechos más fundamentales?

Dada la preocupante situación que están sufriendo las personas que componen la conocida como Caravana Migrante, Save the Children, organización que trabaja en la zona y que está atendiendo a los niños, niñas y adolescentes que la componen, ha lanzado la campaña de emergencia “Infancia en Peligro” para alertar sobre la potencial crisis humanitaria que podría llegar a materializarse si no se toman medidas.

La violencia en El Salvador, Honduras y Guatemala, el Triángulo Norte de Centroamérica, es asimilable a la de un conflicto armado. Estos países conforman una de las regiones más violentas e inseguras del mundo. Si a ello se le suma la persistente pobreza o la crisis en Nicaragua, tengamos claro que no cesarán los desplazamientos de miles de personas que huyen de la violencia y la pobreza y, en consecuencia, buscan protección internacional y sueñan con una vida mejor.

Es especialmente preocupante la situación de las niñas, niños y adolescentes que están llegando a los municipios fronterizos donde los albergues se encuentran totalmente desbordados y los migrantes tienen miedo a ser detenidos en su interior.

Uno de cada cuatro integrantes de la caravana son niños, niñas o adolescentes. Vienen de haber hecho un largo camino durante días bajo el sol, con temperaturas que alcanzaron los 29°C. Han estado expuestos a grandes peligros durante el camino como la trata de personas.

La organización pide que se garantice la protección de los miles de menores que componen la Caravana Migrante, implemente medidas que aseguren en todo momento el interés superior de los niños y las niñas, incluyendo el derecho a no ser separados de sus familias. Resulta imprescindible poner en marcha una estrategia de respuesta que permita abordar la situación de violencia contra la infancia y la adolescencia de forma integral, integrada y universal.

-La intervención de Save The Children en el congreso girará en torno a la violencia hacia los niños y niñas en centro América. ¿Cuál es la situación real allí?

El Triángulo Norte Centroamericano (TNCA) enfrenta una crisis humanitaria en la que el ejercicio de la violencia presenta formas territorializadas y organizadas, así como consecuencias para la población civil, propias de un conflicto armado. En términos generales, el TNCA se sitúa como una de las regiones más violentas e inseguras del mundo. Honduras, Guatemala y El Salvador se ubican entre los 10 países del mundo con un mayor índice de muertes por homicidio por cada 100.000 habitantes.

Los niños y las niñas en Guatemala, El Salvador y Honduras sufren los devastadores efectos del control territorial violento ejercido por maras y pandillas sobre los espacios de vida y desarrollo de la infancia: asesinatos, secuestros, desplazamiento interno, ataques a la educación, confinamiento y estigmatización son solo algunos de estos efectos.

Especialmente amenazado por este control territorial es el espacio escolar, donde se reproduce el clima de inseguridad, afectando negativamente al proceso educativo. Los miembros de los grupos se infiltran en los colegios, donde extorsionan a estudiantes y docentes, reclutan niños, niñas y adolescentes, venden droga y ejercen actividades de vigilancia y control. Las amenazas y la violencia están disparando las tasas de absentismo, deserción escolar e interrupción de la prestación del servicio educativo.

En Save the Children creemos que es necesario y urgente visibilizar esta situación, que presenta las características de una crisis humanitaria olvidada. Como tal, necesita una estrategia de respuesta que permita abordar la situación de violencia contra la infancia y la adolescencia de forma integral, desde una perspectiva que incluya los enfoques humanitarios y de desarrollo, y cuyo principio rector sea el interés superior del niño.

-Desde Save The Children se trabaja en impulsar la aprobación de la Ley Orgánica para la Erradicación de la violencia contra la infancia y la adolescencia. ¿En qué fase se encuentra ahora mismo, teniendo en cuenta que le dieron de plazo al gobierno hasta septiembre de este año?

Es necesario tener en cuenta que durante este año hemos asistido a un cambio de gobierno. Sin embargo, el Gobierno actual ha mostrado su interés en esta Ley. En septiembre de este año el Ministerio de Sanidad anunciaba la remisión del texto a las Cortes para el segundo trimestre de 2019. En octubre, el ministro Grande-Marlaska, anunciaba la aprobación de la Ley en Consejo de Ministros antes de final de año (compromiso al que se sumó más tarde la ministra Mª Luisa Carcedo). Actualmente, el Ministerio de Sanidad debe trabajar en su propio texto del Anteproyecto y seguir con el proceso de tramitación.

Por ello, ahora tenemos que velar por que el Gobierno cumpla su palabra y la ley sea enviada al Congreso a principios de 2019. Una vez que la Ley sea enviada al Parlamento, es necesario que el texto sea tramitado por la vía de urgencia (acortando los plazos ordinarios) y aprobado bajo el consenso de todos los grupos políticos, para que sea una realidad cuanto antes.

Publicado por

Elena Martín Morollón

Periodista, productora multimedia y podcaster. https://es.linkedin.com/in/elenamartinmo

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